TROY DAVIS, SENTENCIADO A PENA DE MUERTE EN GEORGIA

ACCIÓN URGENTE
LA CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS DEJA VÍA LIBRE A UNA EJECUCIÓN

Troy Davis, condenado a muerte de Georgia, se enfrenta a la posibilidad de su cuarta fecha de ejecución en cuatro años, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara su apelación el 28 de marzo. Persisten las dudas sobre su culpabilidad respecto al delito por el que fue condenado a muerte hace dos décadas. Troy Davis fue condenado a muerte en 1991 por el asesinato del agente de policía Mark Allen MacPhail, cometido en Savannah, Georgia, en 1989. No existe ninguna prueba material que vincule directamente a Davis con el asesinato, y el arma del crimen nunca se encontró. La acusación contra Davis se basaba principalmente en declaraciones de testigos presenciales. Desde su juicio, siete de los nueve testigos clave se han retractado de su testimonio o lo han modificado, y algunos han denunciado coacción policial.

En 2009, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó una vista probatoria federal para examinar la alegación de inocencia de Troy Davis.
En la vista, celebrada en junio de 2010, el juez federal de primera instancia William Moore abordó no sólo si la acusación podía demostrar un caso irrebatible contra Troy Davis, sino si Davis podía demostrar “con pruebas claras y convincentes que ningún jurado razonable lo habría declarado culpable a la luz de las nuevas pruebas” surgidas desde su juicio por asesinato en 1991. De acuerdo con esta norma “extraordinariamente elevada”, escribió el juez Moore, “el Sr. Davis no es inocente”. Sin embargo, en el resto de su resolución reconoció que las nuevas pruebas presentadas por Troy Davis arrojaban algunas dudas “adicionales, mínimas” sobre su declaración de culpabilidad, y que el caso de la acusación no estaba “blindado”. Según el juez Moore, en 1991 el jurado había declarado a Troy Davis culpable “más allá de una duda razonable”, “pero no con una certeza matemática”.
El 28 de marzo, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó estudiar el caso de Davis, dejando así vía libre para que Georgia fije una fecha de ejecución. Troy Davis estuvo a menos de 24 horas de ser ejecutado en 2007, cuando la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia dictó una suspensión. La Junta declaró entonces que no permitiría que se llevara a cabo una ejecución “a menos y hasta que sus miembros estén convencidos de que no cabe duda respecto a la culpabilidad del acusado”. Desde entonces, Troy Davis se ha enfrentado a otras dos fechas de ejecución, ambas en 2008, que fueron suspendidas por los tribunales.
Desde 2007, tres estados de Estados Unidos han promulgado legislación para abolir la pena de muerte. Al firmar la entrada en vigor de las leyes abolicionistas, los tres gobernadores de los estados señalaron el riesgo de un error irrevocable como motivo para respaldar la abolición. Desde que Troy Davis fue condenado a muerte, más de 90 presos han sido excarcelados de los “corredores de la muerte” de todo el país tras demostrarse su inocencia. En todos esos casos, los acusados habían sido declarados culpables más allá de una duda razonable.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras:
 reconociendo la gravedad del delito por el que Troy Davis fue condenado a muerte;
 señalando que persisten las dudas sobre el caso incluso después de la vista probatoria federal de 2010;
 señalando que la Junta actúa como mecanismo de seguridad contra el error irreversible, y recordando la declaración que la Junta emitió en 2007 respecto a que no permitiría que se llevara a cabo ninguna ejecución en la que existiera alguna duda sobre la culpabilidad del preso;
 señalando las pruebas sustanciales sobre la falibilidad del sistema de justicia capital;
 pidiendo a la Junta que otorgue el indulto a Troy Davis y conmute su condena de muerte.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE, Y ANTES DEL 23 DE MAYO DE 2011, A:

Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia
State Board of Pardons and Paroles
2 Martin Luther King, Jr. Drive, SE
Suite 458, Balcony Level, East Tower
Atlanta, Georgia 30334-4909, EE. UU.
Tratamiento: Dear Board members / Sres. Miembros de la Junta
Envíen también copia a la representación diplomática de Estados Unidos acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
ACCIÓN URGENTE
LA CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS DEJA VÍA LIBRE A UNA EJECUCIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL
En los últimos cuatro años, tres estados de Estados Unidos –Nueva Jersey, Nuevo México e Illinois– han promulgado legislación para abolir la pena de muerte. Al firmar la entrada en vigor de estas leyes, los tres gobernadores señalaron el riesgo de un error irreversible en un sistema imperfecto como motivo para respaldar la abolición. En 2007, el gobernador de Nueva Jersey, Jon Corzine, dijo que “el gobierno no puede proporcionar una pena de muerte infalible que excluya la posibilidad de ejecutar a un inocente”. En 2009, el gobernador Bill Richardson, de Nuevo México, dijo que, para ejecutar una pena irrevocable, “debemos tener la confianza –yo diría la certeza– absoluta de que el sistema carece de defectos o prejuicios”. Este, añadió, “no es evidentemente el caso”. En marzo de 2011, el gobernador de Illinois, Pat Quinn, dijo que el sistema de justicia capital adolecía de “defectos inherentes” y que era “imposible diseñar un sistema que sea coherente, que esté libre de discriminación por razón de raza o de circunstancias geográficas o económicas, y que nunca se equivoque”. Según dijo, “como estado, no podemos tolerar la ejecución de inocentes, porque esas acciones afectan a la legitimidad misma del gobierno”.
Más de 130 personas han sido excarceladas de los “corredores de la muerte” de Estados Unidos desde 1976 tras demostrarse su inocencia. Entre otras cosas, sus casos revelaron la frecuente falta de fiabilidad de las declaraciones de los testigos oculares. En el caso de Troy Davis, la mayoría de los testigos que declararon contra él se han retractado desde entonces o han realizado declaraciones juradas en las que afirman otra cosa. Sin embargo, un condenado que trate de basarse en la declaración revisada de un testigo se enfrenta al gran obstáculo que supone el hecho de que el veredicto del jurado original tiene primacía. En la vista probatoria de junio de 2010 ante el tribunal federal de primera instancia, la fiscal de Georgia alegó que “todos los tribunales de todos los niveles de Estados Unidos han declarado que no son favorables a las retractaciones, las miran con gran escepticismo, son poco fiables”. Sobre el caso de Troy Davis, la fiscal concluyó: “Esta era su oportunidad. La norma es sumamente elevada […], no la han cumplido”.
Uno de los testigos que compareció en la vista fue Benjamin Gordon, quien en 2008 había firmado una declaración en la que aseguraba que un sospechoso alternativo (un familiar suyo por matrimonio) le había dicho que él había disparado al agente MacPhail. En la vista, Benjamin Gordon afirmó por primera vez que, en realidad, él había visto a ese individuo disparar contra el policía. Benjamin Gordon, que en el momento del delito acababa de cumplir 16 años, afirmó de nuevo que la policía lo había coaccionado para que firmara una declaración en la que implicara a Davis. Según dijo, no había declarado antes que había visto quién disparó al agente porque tenía miedo, y finalmente había decidido “venir hoy y simplemente hacer que se sepa la verdad". El juez Moore concluyó que Benjamin Gordon no era “un testigo digno de crédito”.
La comunidad internacional ha acordado una serie de salvaguardias para los casos de pena capital en los países que aún mantienen la pena de muerte. Una de estas salvaguardias se refiere a la carga de la prueba en los casos de pena de muerte, y dice: “Sólo se podrá imponer la pena capital cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes, sin que quepa la posibilidad de una explicación diferente de los hechos”. La carga de la prueba “extraordinariamente elevada” elegida por el juez Moore brinda una protección inferior a esta.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente, independientemente de la culpabilidad o la inocencia del acusado, el delito en cuestión o el método de ejecución. En Estados Unidos, desde que se reanudaron los homicidios judiciales en 1977, se han llevado a cabo 1.246 ejecuciones, incluidas 12 en lo que va de año. Georgia actualmente carece de las sustancias necesarias para aplicar la inyección letal, después de que la Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscara el tiopental sódico en poder del estado para realizar una investigación sobre la manera en que se había obtenido. Se desconoce cuánto puede retrasarse a causa de este hecho el proceso de fijar una nueva fecha de ejecución.
Si desean más información sobre el caso de Troy Davis, consulten USA: 'Unconscionable and unconstitutional’: Troy Davis facing fourth execution date in two years, mayo de 2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/069/2009/en y USA: Less than ‘ironclad’, less than safe, 27 de agosto de 2010, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/077/2010/en
AU: 110/11 Índice: AMR 51/028/2011 Fecha de emisión: 12 de abril de 2011



Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: "Equipo AAUU - Respuesta"). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo "AU 25/99" o bien "EXTRA 84/99"). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras "No acuse". Gracias por su colaboración.

Equipo de Acciones Urgentes de Amnistía Internacional
Secretariado Estatal
Fernando VI, 8, 1º izda.
28004 Madrid
Telf. + 91 310 12 77
Fax + 91 319 53 34
aauu@es.amnesty.org
http://www.es.amnesty.org

Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org