ACCIÓN URGENTE: AU: 266/09.- "EL CASO DE LA BIBLIA DEL JURADO"

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Urgente

AU: 266/09 Índice: AMR 51/108/2009 Fecha de emisión: 6 de octubre de 2009

EE.UU.: EN TEXAS, UNA EJECUCIÓN SE CIERNE SOBRE EL CASO DE LA BIBLIA DEL JURADO

Está previsto que Khristian Oliver, de 32 años, sea ejecutado en Texas el 5 de noviembre. Fue condenado a muerte en 1999 por un asesinato cometido durante un robo. El jurado que lo juzgó, mientras decidía si debía vivir o morir, consultó ejemplares de la Biblia, incluidos textos que apoyan la pena de muerte, lo que arroja serias dudas sobre su imparcialidad.
El 17 de marzo de 1998, Joe Collins, de 64 años, regresaba a su casa en el condado de Nacogdoches, zona rural del este de Texas, para descubrir que le estaban robando. Mientras los dos ladrones que estaban en el interior de la casa trataban de huir (otros dos se habían quedado en el auto), disparó contra uno de ellos, un muchacho de 15 años, en la pierna. El otro ladrón, Khristian Oliver, entonces de 20 años, disparó contra Joe Collins antes de golpearle en la cabeza con la culata de un rifle, según el testimonio prestado en el juicio de Oliver, celebrado en abril de 1999.
Tras el juicio, surgieron indicios de que los miembros del jurado habían consultado la Biblia durante sus deliberaciones para decidir la condena. En una vista celebrada ante el tribunal de primera instancia en junio de 1999, el abogado defensor llamó al estrado a cuatro miembros del jurado, aunque el juez impidió cualquier testimonio sobre el efecto del uso de la Biblia en el jurado. Los miembros del jurado recordaron que había varias Biblias presentes, que habían circulado pasajes subrayados, que un miembro había leído en voz alta la Biblia a un grupo de miembros del jurado, y que el texto incluía el pasaje: "Y si con instrumento de hierro lo hiere, y muere, homicida es; el homicida morirá". El juez resolvió que el jurado no había actuado de manera inadecuada, y la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas confirmó esta resolución.
En 2002, un periodista danés entrevistó a un quinto miembro del jurado, quien declaró que "aproximadamente el 80 por ciento" de los miembros del jurado habían "introducido las escrituras en la deliberación", y que el jurado había consultado la Biblia "mucho antes de llegar a un veredicto". Según dijo este miembro del jurado al periodista, él creía que "la Biblia es verdad desde la primera hasta la última página", y que, si la ley civil y la ley bíblica entran en conflicto, la última debe prevalecer. También dijo que, si le hubieran dicho que no podía consultar la Biblia, "habría abandonado la sala". Se describió a sí mismo como partidario de la pena de muerte, y calificó la cadena de perpetua de "carga" para el contribuyente.
En 2008, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, corte federal, concluyó que los miembros del jurado habían "traspasado una importante línea" al consultar pasajes específicos de la Biblia que describían los mismos hechos que el caso en cuestión. Eso constituía una "influencia externa" sobre el jurado, prohibida por la Constitución estadounidense, y era un caso más "atroz" que los ocurridos en otros Circuitos. Sin embargo, la Corte concluyó que, según el "alto nivel de deferencia" con el que los tribunales federales deben revisar las decisiones de los tribunales estatales, Oliver no había demostrado que esta conducta inconstitucional de los miembros del jurado le hubiera perjudicado. En abril de 2009, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó estudiar el caso.
ESCRIBAN en inglés o en su propio idioma, utilizando sus propias palabras y citando el número de recluso (999301) en sus llamamientos:
* expresando preocupación porque el jurado que juzgó a Khristian Oliver consultó la Biblia durante sus deliberaciones;
* instando a la Junta a recomendar al gobernador que conmute la condena de muerte de Khristian Oliver;
* pidiendo al gobernador Perry que acepte esa recomendación o, si la recomendación no se formula, que suspenda la ejecución y pida a la Junta que reconsidere su postura;
* explicando que no pretenden disculpar la delincuencia violenta ni menospreciar el sufrimiento que causa a sus víctimas.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2009, A:

Presidenta de la Junta de Indultos y Libertad Condicional
Rissie L. Owens, Presiding Officer, Board of Pardons and Paroles, Executive Clemency Section
8610 Shoal Creek Boulevard, Austin, TX 78757, EE. UU.
Fax: + 1 512 467 0945
Tratamiento: Dear Ms Owens / Sra. Owens

Gobernador
Governor Rick Perry
Office of the Governor, P.O. Box 12428
Austin, Texas 78711-2428, EE. UU.
Fax: + 1 512 463 1849
Tratamiento: Dear Governor / Sr. Gobernador

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada:
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
C/ Serrano, 75 28006 - MADRID
Fax: 91 587 23 03
www.embusa.es

INFORMACIÓN ADICIONAL
Según el derecho tanto internacional como estadounidense, un acusado tiene derecho a ser juzgado ante un tribunal imparcial. El principio de imparcialidad exige que ninguno de los encargados de tomar decisiones, ya sea el juez o el jurado, tenga prejuicios. La imparcialidad real y la apariencia de imparcialidad son fundamentales para mantener el respeto por la administración de justicia.
Esta no es la única vez que los tribunales federales estadounidenses examinan un caso en el que el jurado consultó la Biblia durante las deliberaciones. Las decisiones que se derivan de estos casos en los diversos circuitos federales han sido contradictorias, incluso en la manera de evaluar el perjuicio potencial para el acusado. En un informe de 2009, 46 ex fiscales estatales y federales instaron a la Corte Suprema de Estados Unidos a aceptar el caso de Oliver para resolver estas cuestiones. El informe alegaba: "Un jurado que consulta la Biblia durante las deliberaciones sobre la condena está expuesto a una influencia externa que viola la garantía, contenida en la Sexta Enmienda, de un juicio justo ante un jurado imparcial [...] Incluso en circunstancias ordinarias, la privación de un derecho constitucional es motivo de máxima preocupación. Esa preocupación es aún mayor en este caso, en el que la violación constitucional se produce en el contexto de la decisión de los miembros del jurado de imponer la pena máxima". Se necesitaba urgentemente la orientación de la Corte Suprema, alegaban los ex fiscales, porque "la ausencia de consenso entre las cortes de apelación estadounidenses respecto a que el jurado consulte la Biblia en el contexto de la pena capital no sólo genera resultados contradictorios, sino que crea la apariencia de arbitrariedad en un ámbito que exige coherencia y justicia". La Corte Suprema declinó hacerse cargo del caso.
Uno de los argumentos de la apelación ha sido el uso, por parte de la fiscalía, del testimonio de dos cómplices en el robo: el muchacho de 15 años herido en la pierna y su hermano de 16, que aguardaba fuera. A ambos les prometieron unas condenas de cárcel de 10 y 5 años, respectivamente, a cambio de su testimonio. En 2002, los dos firmaron sendas declaraciones juradas en las que manifestaban que el fiscal les había dado instrucciones sobre cómo hacer que los testimonios de los dos coincidieran. El abogado que defendió a Khristian Oliver durante el juicio firmó asimismo una declaración jurada en la que manifestaba que, en el momento del juicio, "desconocía el papel del fiscal como promotor de la presentación de historias coincidentes" por parte de los dos hermanos. Si lo hubiera sabido, ha manifestado, habría pedido juicio nulo, o al menos habría puesto esta cuestión en conocimiento del jurado para suscitar dudas sobre la fiabilidad del testimonio en el que la acusación le pedía que se basara.
La raza ha sido otro de los argumentos esgrimidos: un tema delicado en la zona rural del este de Texas (véase, por ejemplo, Estados Unidos: Muerte en blanco y negro, 9 de agosto de 2001, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/117/2001). Khristian Oliver es de raza negra (aunque su piel es clara y las autoridades penitenciarias lo clasifican como blanco). En una declaración jurada firmada en 2002, su madre manifestaba que, entre las "cargas psicológicas" que soportaba su hijo, se encontraba la de que "algunas personas que le habían mostrado amistad cuando creían que era blanco, lo habían rechazado cuando descubrieron que era de familia negra". El abogado de Oliver trató de que el juez de primera instancia interrogara a los candidatos a miembros del jurado durante su selección para conocer cualquier posible prejuicio racial que pudieran albergar, especialmente teniendo en cuenta que la víctima era blanca. Al abogado le preocupaba que, si hacía él esa pregunta, los jurados pudieran percibirla como una introducción ilegal de la raza en los procedimientos, pero pensaba que los miembros del jurado considerarían al juez como una figura neutral. El juez denegó la petición.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente, independientemente del delito, el delincuente o el método elegido para matar al condenado. La pena de muerte es inherentemente cruel y degradante, incompatible con la dignidad humana. Al ponerle fin se abandona una política pública destructiva, divisiva, que distrae la atención de lo que realmente importa y que no es conforme con los valores generalmente aceptados. La pena capital no sólo entraña el peligro de cometer un error irreparable, sino que además es costosa, tanto para el erario público como en términos sociales y psicológicos. No se ha demostrado que tenga un efecto disuasorio especial. Tiende a aplicarse de forma discriminatoria, según razas y clases sociales. Niega la posibilidad de la reconciliación y la rehabilitación. Prolonga el sufrimiento de la familia de la víctima, y lo amplía a los seres queridos del condenado. Desvía recursos que podrían utilizarse para trabajar contra la delincuencia violenta y para ayudar a las personas afectadas por ella. En la actualidad, 139 países son abolicionistas en la ley o en la práctica. Estados Unidos, por el contrario, ha llevado a cabo 1.175 ejecuciones desde que reanudó los homicidios judiciales en 1977. De ellas, Texas ha llevado a cabo 441. En lo que va de año se han llevado a cabo 39 ejecuciones en Estados Unidos, 18 de ellas en Texas.
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