El PP inicia el desmantelamiento de la Sanidad Pública

La gestión privada de la sanidad pública es muy heterogénea, aunque se puede dividir en dos grandes grupos en función de si el sector privado asume o no la atención sanitaria.

Las raíces del sector privado están cada vez más extendidas en la red sanitaria pública. Esta tendencia no siempre se manifiesta de forma tan espectacular como acaba de suceder en Madrid, con la apuesta de, entre otras medidas, entregar de una tacada al sector privado el control integral de seis hospitales. Pero el goteo de fórmulas privatizadoras es un hecho y se extiende en de forma creciente en distintas autonomías, especialmente las gobernadas por el PP.

Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura son algunas de las últimas comunidades en sumarse a una corriente que tiene como alumnos aventajados a Madrid y la Comunidad Valenciana, que comenzó a andar este camino en 1999 con el hospital de Alzira. Las estrategias privatizadoras también cuentan con ejemplos recientes en Castilla y León, Galicia o Baleares. El caso de Cataluña es distinto, debido a la naturaleza tan particular de su sistema de gestión sanitaria, donde tradicionalmente ha existido una estrecha relación público-privada.

Lo advierte la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) en su informe Temas candentes de la Sanidad española para 2012. En tiempos de crisis “es el momento de relanzar la colaboración público-privada”, eufemismo que implica la cesión al sector empresarial de porciones de la red pública sanitaria. La situación de asfixia financiera de las Administraciones públicas junto a la mayor eficiencia del sector privado son los principales argumentos que sostienen esta filosofía.

Varios modelos

La gestión privada de la sanidad pública es muy heterogénea, aunque se puede dividir en dos grandes grupos en función de si el sector privado asume o no la atención sanitaria.

- Concesión administrativa con gestión sanitaria integral. Es el llamado modelo Alzira e implica la entrega a la empresa del control sobre la parcela sanitaria (médicos y enfermeros), y la no sanitaria (limpieza, mantenimiento, restauración…). Puede limitarse a hospitales (como en Madrid y Castilla-La Mancha) o a todo un departamento de salud (Valencia).

- Concesión sin gestión clínica. En este caso, la empresa, además de construir el hospital, asume el equipamiento, el mantenimiento y servicios auxiliares pero nunca la atención sanitaria. Es lo que sucederá en los centros de Extremadura o Vigo.
Para los detractores del avance de la sanidad privada, la crisis no es más que una excusa de una maniobra dirigida a debilitar la red sanitaria pública y aprovecharse de las oportunidades de negocio que ofrece.

Estas son algunas de las fórmulas privatizadoras que se están aplicando o están pendientes de desarrollar en España:

- Castilla-La Mancha. La autonomía que preside Dolores de Cospedal tiene previsto sacar a licitación la gestión integral (de servicios tanto sanitarios como no sanitarios) de los hospitales públicos de Almansa y Villarobledo, ambos en Albacete; y Tomelloso y Manzanares, en Ciudad Real.

La modalidad elegida para esta concesión administrativa es el denominado modelo Alzira. Bajo esta fórmula, la Administración traslada a una empresa la responsabilidad de atender las necesidades asistenciales de los habitantes de un departamento de salud (normalmente de unos 200.000 habitantes), a cambio de pagar una cuota por el cuidado de cada uno de estos habitantes (639 euros por cabeza en la Comunidad Valenciana).

El modelo Alzira tiene una versión reducida (solo el hospital) y una ampliada (el hospital y los centros de salud que dependen de él). El Gobierno de Cospedal ha apostado por la ampliada, como indica una portavoz de la Consejería de Sanidad de la Junta.

La concesionaria puede tener que construir o no el hospital. Este no es el caso de los cuatro hospitales que se cederán a la órbita privada. Pero sí podría serlo en el hospital de Toledo, cuyas obras se han paralizado y del que aún no se ha decidido el tipo de gestión que seguirá.

- La Rioja. Esta autonomía acaba de sacar a concurso la gerencia de la Fundación Hospital de Calahorra, un centro público con personal no funcionario. Es una modalidad muy particular: “En lugar de una persona, quien ocupará la dirección del centro será una empresa de forma que aporte su conocimiento a la gerencia del hospital”, explica a este diario el consejero de Sanidad, José Ignacio Nieto. El precio de partida de la licitación es de 415.000 euros, aunque tiene complementos variables en función de los ahorros que pueda introducir la empresa, que tomará el control de la parcela tanto sanitaria como no sanitaria.

- Extremadura. El Gobierno de José Antonio Monago (PP) ha optado por la fórmula de la concesión administrativa para dos de sus hospitales, pero a diferencia de Castilla-La Mancha, solo cederá al sector privado el área no asistencial, mientras que se reservará el control de las batas blancas, es decir, de todo lo que hace referencia al personal y los servicios sanitarios. Es el modelo PFI (iniciativa de financiación privada). A cambio del canon anual que se entregará a las empresas adjudicatarias, además de los servicios auxiliares (catering, mantenimiento, limpieza), se harán cargo de la construcción de los inmuebles.

Los centros elegidos para introducir la gestión privada en la sanidad pública extremeña son el hospital de Cáceres, cuya construcción se encuentra paralizada, y el de Don Benito-Villanueva, que debe levantarse desde los cimientos. De momento, según una portavoz del departamento de Sanidad, se están preparando las plicas y los contratos no saldrán a concurso hasta 2013.

- Madrid. La llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la comunidad autónoma abrió la puerta de la sanidad pública al sector privado y su sucesor, Ignacio González, ha doblado la apuesta. Hasta el momento, existían tres hospitales (Valdemoro, Torrejón y Móstoles) y uno más en proyecto (Collado Villalba) cuya gestión estaba totalmente privatizada. Junto a ellos, coexistían otros siete centros semiprivados, en los que la administración solo mantenía las riendas de la asistencia sanitaria. González ha decidido entregar seis de estos siete hospitales —Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y el del Tajo— a la gestión privada integral (servicios sanitarios y no sanitarios), por lo que se sumarán a los otros cuatro que ya la tenían. Ello supondrá la consolidación del modelo Alzira —rebautizado Valdemoro en Madrid— fuera de la autonomía que lo impulsó.

El retroceso de peso del sector público frente al privado también afectará a la atención primaria. Si bien, de momento, el control de los centros de salud no se entrega a las empresas que controlan sus hospitales de referencia (como sí sucederá en Castilla-La Mancha o ya ocurre en la Comunidad Valenciana), se externalizará el 10% de los ambulatorios de la región. El Gobierno madrileño ha apuntado la posibilidad de hacerlo mediante la modalidad de las entidades de base asociativas (una especie de cooperativa de médicos), aunque también podrán ser gestionadas por consorcios o fundaciones.

- Comunidad Valenciana. Esta autonomía es la cuna de la privatización de la gestión de la red sanitaria pública, una opción que alentó Eduardo Zaplana en 1999 con la apertura del hospital de Alzira y que defendió como el estandarte de la política del PP en materia sanitaria. El inicio fue titubeante y necesitó un rescate para darle impulso. En principio, a la unión de empresas adjudicatarias se le cedió solo el control integral del hospital —como sucede en Madrid—. Pero, finalmente, se reformuló el contrato y se extendió la gestión privada a los centros de salud de todo el departamento sanitario, un factor muy importante, porque en los centros de salud está el control de acceso a los pacientes que llegan al hospital (y, por ello, la llave del control del gasto).

Bajo este nuevo diseño de gestión total de servicios sanitarios y no sanitarios de toda el área de salud (centros de salud y hospitales), la fórmula se extendió. El centro de Alzira dio paso a los hospitales hermanos de Torrevieja, Dénia, Manises y Elche, el último en abrir las puertas, en 2010. En estos momentos, los servicios públicos de salud del 20% de la población valenciana, en torno a un millón de habitantes, dependen de empresas privadas.

- Galicia. El Gobierno gallego ha optado por un modelo semiprivado para acometer el macrohospital de 1.465 camas que se está construyendo en Vigo. La modalidad elegida es el PFI: en encargar al sector privado la construcción del centro, el mantenimiento y el equipamiento de las instalaciones, así como ceder los servicios no sanitarios a cambio de una cuota anual. Como sucede con los dos hospitales en proyecto de Extremadura, se trata de la primera iniciativa de esta comunidad autónoma en la que se acude al sector privado para construir infraestructuras sanitarias públicas.

- Baleares y Castilla y León. Ambas autonomías han recurrido a la fórmula PFI con matices. El hospital Son Espasses (Palma de Mallorca) ha entregado a la concesionaria la construcción, el equipamiento, el mantenimiento y los servicios no médicos. El de Burgos, además, la alta tecnología.

“Lo de Alzira ahora ya no tiene sentido”

Justo en el momento en que la Comunidad de Madrid ha ampliado a otros seis hospitales el modelo Alzira, la fórmula de privatización sanitaria que consiste en ceder la gestión integral de un hospital público o un departamento de salud entero a una empresa privada, la Generalitat valenciana, responsable de su diseño e impulsora de su expansión, no cuenta entre sus planes de futuro con extender el modelo a nuevos centros. “Ahora mismo, para nosotros ya no tiene sentido extender esta fórmula a otras zonas de salud”, señala a este diario una portavoz de la Consejería de Sanidad valenciana.

Y ello a pesar de que el Gobierno valenciano cuenta con dos hospitales ya construidos que no es capaz de poner en marcha por falta de fondos para equiparlos y que resultarían unos candidatos ideales para cederlos al sector privado. Son los hospitales de Lliria (120 camas) y Gandia (240). También hubo un momento en el que la Generalitat se planteó extender el modelo privatizador a hospitales de media y larga estancia, lo que hubiera resultado, una vez más, toda una novedad en el escenario de la privatización de recursos públicos.

Pero la Generalitat valenciana anda en estos momentos metida en otra batalla relacionada también con la gestión sanitaria que, de nuevo, ha situado a esta comunidad en el punto de mira de la experimentación en la privatización de servicios. Y esta iniciativa es incompatible con nuevos alziras, según las autoridades valencianas.

Se trata del denominado modelo de gestión compartida. En esencia, consiste en agrupar todos los servicios no sanitarios de los 18 departamentos de salud en los que se divide la Comunidad Valenciana y concentrarlos en pocas manos (privadas), para potenciar las economías de escala y reducir costes.

La idea original consistía en ceder al sector privado parcelas asistenciales. Pero, finalmente, tras distintas reformulaciones, el diseño final consiste en concentrar todos los servicios externalizados de la sanidad valenciana. Se han dividido en tres grandes grupos: servicios generales (limpieza, lavandería, restauración, mantenimiento), servicios concertados (oxigenoterapia, hemodiálisis) y logística (almacenes, distribución, compra). De los dos primeros se sacarán a concurso siete lotes y del tercero, tres.

De esta forma, la Generalitat solo se concentrará en la gestión sanitaria. Todo lo demás, dependerá de unos pocos operadores privados. ¿Y los hospitales paralizados? “Ya se finalizarán cuando haya posibilidades económicas”, dice la Generalitat